Una Constitución, una ley, en general una norma, no es otra cosa que un pacto. Un acuerdo básico que una sociedad establece para poder convivir, organizarse y proyectarse. No es un detalle técnico: es la base sobre la que se construye el orden, la justicia y el desarrollo.
Ahora bien: ¿qué pasa cuando ese pacto no nació de la voluntad popular?
En palabras de Juan. A Beranger: “Un gobierno que toma el poder por la fuerza es un gobierno ilegítimo, resulta entonces que todos los actos y normas que son creados por este gobierno también son ilegítimos y, por tanto, sin valor jurídico”.
En la Provincia de Buenos Aires, a más de 40 años del retorno de la democracia, seguimos viviendo bajo normas que no nacieron de la voluntad popular, sino de gobiernos de facto.
No estamos hablando de un puñado de leyes aisladas. Estamos hablando de un entramado normativo entero. De hecho son 3.217 normas dictadas durante los períodos dictatoriales y contamos con el número exacto gracias al trabajo pormenorizado del equipo de técnicos de la Unidad para la Reparación Histórica Legislativa creada por resolución conjunta de ambas Cámaras de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires en marzo de 2022[1], dando el primer paso para dimensionar y revertir la situación normativa de la Provincia: son miles las normas de facto que todavía impactan en la vida cotidiana de los bonaerenses.
Y hay un caso paradigmático que resume lo anterior: la Ley Orgánica de las Municipalidades; la norma que define cómo funcionan los municipios bonaerenses, es decir, el tercer Estado -cómo se gobiernan, cómo administran y cómo toman decisiones- tiene su origen en la dictadura.
Dicho sin vueltas: los gobiernos locales de la provincia todavía están organizados por una ley que nació en dictadura.
El origen de la norma no es un mero detalle, porque no se puede construir democracia desde abajo con normas que nacieron contra la democracia. Por eso, revisar, adecuar o derogar estas normas no sería un gesto simbólico es una obligación democrática.
La Provincia de Buenos Aires no solo arrastra leyes de facto. Arrastra también una estructura institucional desactualizada, que no responde a la complejidad actual de su territorio. Hoy tenemos una provincia profundamente desigual, con una concentración poblacional extrema y con municipios que muchas veces no tienen las herramientas necesarias para pensar su propio desarrollo.
Ahí aparece el siguiente paso lógico: la autonomía municipal.
Si los municipios siguen atados a una ley nacida en la dictadura, es evidente que no tienen el margen necesario para proyectarse, innovar y resolver sus propios desafíos.
Darles a los municipios herramientas reales —institucionales, políticas, económicas y financieras— no es fragmentar el poder: es hacerlo más eficiente, más cercano y democrático.
La autonomía no es un capricho, es una necesidad y también un mandato constitucional que la Provincia de Buenos Aires debe receptar: “Cada provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero” (art. 123 de la CN).
Por eso la discusión sobre la reforma constitucional es una decisión política de fondo: actualizar el pacto que nos organiza como sociedad.
Revisar las leyes de facto y avanzar hacia una Constitución moderna son dos caras de lo mismo.
Porque no hay verdadera democracia si las normas que nos rigen no nacen de la democracia.
Porque no hay desarrollo si los territorios no tienen poder para construir su futuro.
Y porque no hay comunidad posible si el pacto que la sostiene está roto desde su origen.
Construir una provincia libre de leyes de facto no es mirar al pasado, es ordenar el presente para poder construir el futuro.
[1] https://youtu.be/bks-dFvaE68?t=7366