La discusión sobre la reelección de los intendentes en la Provincia de Buenos Aires no es una cuestión técnica ni un debate administrativo. Es, en esencia, una discusión profundamente política sobre la democracia y sobre la voluntad popular. Porque el intendente es un cargo unipersonal donde esa voluntad se expresa de manera más directa, más nítida y transparente. No hay intermediarios, no hay listas sábana: hay una comunidad que elige a una persona concreta para conducir su destino.
Por eso, el intendente es el cargo de mayor legitimidad democrática del sistema político bonaerense. Y frente a esa realidad surge una pregunta inevitable: ¿por qué un legislador elegido por otra región de la provincia puede imponer condicionamientos a la decisión política de una comunidad que no representa? ¿Con qué autoridad se limita desde afuera lo que un pueblo decide para sí mismo? Eso no es fortalecimiento institucional: eso es tutela política.
Los peronistas creemos en la autodeterminación de los pueblos. Creemos que ninguna norma puede estar por encima de la voluntad popular organizada. Limitar la reelección no amplía derechos, los restringe. Parte de una concepción elitista y desconfiada de la democracia, que supone que el pueblo necesita ser protegido de su propio voto, como si no tuviera la capacidad de evaluar gestiones, premiar aciertos o castigar errores. Esa mirada es ajena a la tradición popular y profundamente contraria a la idea de un pueblo protagonista.
En democracia, la voluntad popular no se corrige ni se condiciona: se respeta. Si un intendente gobierna mal, el voto castigo existe y funciona. Si gobierna bien, impedir su reelección es negar el derecho colectivo de una comunidad a continuar el camino que eligió. No se trata de eternizar dirigentes; se trata de respetar decisiones colectivas de las mayorías y no proscribir liderazgos mediante normas restrictivas.
La libertad política no es una consigna abstracta ni un eslogan vacío. Es la libertad concreta de elegir y de ser elegido. Y hay una verdad que el peronismo expresó siempre con claridad: la única libertad real es la de construir el propio destino. Como personas, como comunidades y como pueblo. Cuando una ley impide que una comunidad decida libremente quién debe gobernarla, no ordena la democracia: la vacía de contenido.
A esto se suma una deuda institucional que los bonaerenses seguimos sin saldar. La Constitución Nacional, en su artículo 123, garantiza la autonomía municipal: política, administrativa e institucional. No como una declaración simbólica, sino como un mandato claro. Sin embargo, en la Provincia de Buenos Aires esa autonomía sigue siendo incompleta. Mientras los municipios no puedan darse su propia constitución local, seguirán siendo otros los que decidan desde arriba cuestiones que deberían resolverse desde abajo.
Cuando cada comunidad tenga su propia constitución municipal, podrá establecer con total libertad cuántas reelecciones quiere para sus intendentes, o si no quiere ninguna. Ese es el debate verdadero. Todo lo demás es discutir parches sin animarse a ir al fondo de la cuestión.
La reelección de los intendentes no es un privilegio personal ni una ventaja política. Es un derecho colectivo que nace de la soberanía popular.
Accede al Proyecto presentado en el año 2021 por el diputado provincial MC Walter Abarca https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/21-22D4767012021-12-0311-57-04.pdf
